La defensa del funcionario de prisiones, quien fue condenado a cuatro años y medio de prisión el pasado mes de mayo por la Audiencia de Jaén por la venta de permisos y favores a internos de la cárcel de Jaén donde trabajaba, ha solicitado una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Se le impone una sanción de 3.240 euros por un delito de cohecho y se le prohíbe el acceso a un empleo o cargo público durante un período de diez años y seis meses. También se le imponen las tarifas portuarias.

La defensa ha comunicado a Europa Press que la solicitud de apelación se basa en la violación de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la presunción de inocencia.

Según la sentencia apelada, el acusado operaba de manera irregular en persona a cambio de una cantidad de dinero o introducía alimentos, bebidas alcohólicas o teléfonos móviles provenientes del extranjero, proporcionándolos a los internos sin que las autoridades penitenciarias tuvieran conocimiento de ello.

El 18 de abril pasado, el jurado declaró culpable al acusado de cohecho por siete votos a favor y dos en contra. Al principio, el Ministerio Fiscal le exigía seis años de cárcel por un delito de cohecho continuado, además de una multa de 14.400 euros.